Es la oportunidad para trazar una línea que le permita a los ciudadanos diferenciar entre el cripto legal, regulado y seguro, de las actividades piratas.
Los criptoactivos en Colombia tienen dos caras: por un lado, una industria seria y disruptiva, que es la #15 en adopción a nivel global, donde se transaron más de USD $26,8 miles de millones entre marzo de 2022 y marzo de 2023 y utilizada el 70% de las veces por personas entre 18 y 45 años (Chainalysis). Y allí, las plataformas de intercambio (o exchanges) juegan un papel crucial, pues concentraron durante el último año el 81,1% de la actividad total.
La otra cara pasa por la utilización criminal del concepto de criptoactivos para estafar, captar dinero y lavar de activos. Aprovechando el desconocimiento de muchos ciudadanos, industrias criminales prometen ganancias imposibles, organizan las pirámides de toda la vida pero rebautizadas con el mote “cripto” y lavan plata a través de activos digitales. Las transacciones fraudulentas representan hoy el 0,3% de la actividad cripto de la región y tienen un valor neto estimado de 49 millones de dólares (Chainanalysis).
Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las plataformas de intercambio de criptoactivos. Así, se fijan los requisitos para la operación de los proveedores de servicios de activos virtuales, fija las condiciones para su reconocimiento legal, dicta medidas para la protección de los ciudadanos que hagan transacciones por estos medios y la garantía de la seguridad informática de sus operaciones, fija estándares de divulgación de información en cuanto a riesgos, ordena estrategias de pedagogía públicas y privadas, establece lineamientos para el reporte de información y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo por esta vía, define pasos a seguir en cuanto a las entidades encargadas de supervisar y el régimen de inspección vigilancia y control.
La iniciativa ya completó 3 de los 4 debates necesarios, pero está en cuidados intensivos, pues si no se aprueba la próxima semana en la plenaria del Senado, se archivará por términos. Es de autoría del ex congresista Mauricio Toro y ha tenido como ponentes a Julián López en la Cámara (Partido de la U) y a Gustavo Moreno en el Senado (Partido Verde), quienes han cumplido un papel formidable. Esto se suma a cinco años de esfuerzos previos desde distintos frentes para concertar una regulación que sigue sin llegar a Colombia.
El proyecto de ley es la oportunidad para trazar una línea que le permita a los ciudadanos diferenciar entre el cripto legal, regulado y seguro, de las actividades piratas y/o delincuenciales que describía en líneas anteriores. En Colombia ya es costumbre que la tecnología avance en cohete y la regulación en lomo de tortuga. Cerremos esa brecha.
Sin embargo, desconcierta la actitud del gobierno nacional frente al proyecto de ley. En vez de promoverlo, para proteger a los colombianos que transan a través de estas plataformas, se ha empeñado en ponerle trabas. Salvo valiosas excepciones, las entidades se han dedicado a tirarse la pelota frente a la competencia de supervisión del sector. Y critican el proyecto de ley bajo el argumento de que le falta especificidad en algunos de sus componentes, pero no han presentado la primera propuesta concreta. Mejor dicho, ni rajan ni prestan el hacha.
Muy grave sería que este proyecto de ley se hundiera por culpa del gobierno nacional y que, tiempo después, un grupo de colombianos perdiera sus recursos a manos de cripto-estafadores, amparados en la falta de regulación. ¿Quién responderá en ese caso?
*El autor es el Director Ejecutivo de Alianza In.