La reforma laboral del gobierno obliga a que todos los repartidores de app se conviertan en empleados, sin excepción alguna.

En la mitología griega, Procusto era un personaje que, amablemente, ofrecía hospedaje a los viajeros. Pero una vez se dormían, los amordazaba, amarraba y medía con respecto al tamaño de su cama…

Si los viajeros no cubrían la totalidad del lecho, les estiraba brazos y piernas a martillazos hasta que encajaran. Pero si eran más grandes, les cortaba sus extremidades hasta que se ajustaran a la medida de su lecho.

La reforma laboral presentada en días pasados me recordó esta historia. Hoy en Colombia hay cerca de 120.000 personas que trabajan como repartidores a través de apps como Mensajeros Urbanos, Rappi, Didi Food, Pibox, Cabify y Cornershop. Se conectan y desconectan cuando quieren, toman los servicios que prefieren y cualquiera puede trabajar en esto con un simple registro, sin tener que pasar por los procesos de selección de toda la vida. Trabajo libre y sin barreras, posibilitado por la economía digital del siglo XXI.

Sin embargo, la propuesta del gobierno obliga a que todos los repartidores se conviertan en empleados, sin excepción alguna. No importa que la mayoría de ellos prefiera trabajar sin horario ni jefe (pensemos en estudiantes, madres cabeza de familia, personas con otros trabajos). Tampoco, que quienes sobrevivan a semejante plumazo queden ganando menos que hoy. Ni que el mercado sea incapaz de convertir a 120.000 repartidores independientes en 120.000 empleados. Acá lo que cuenta es el anhelo de meter todas las realidades, por diversas que sean, en el mismo cajón: el del contrato de trabajo con subordinación.

Las consecuencias de esta decisión serían nefastas y me corresponde advertírselas al Gobierno, el Congreso y la opinión pública: al menos 80.000 personas sin trabajo, 75.000 comercios afectados y 2,5 millones de usuarios con menos opciones de consumo. Por no hablar de las apps de reparto pequeñas y medianas, que quedarían al borde de la extinción.

Es tiempo de innovar legislativamente. El contrato de trabajo con subordinación no es la única forma de protección social. El artículo 25 de la Constitución nos recuerda que el trabajo debe protegerse en todas sus formas. Que la diversidad sí cabe en el mundo laboral.

¿En vez de cercenar a repartidores, comercios y empresas de economía digital, por qué no avanzamos en fórmulas intermedias que garanticen la plena afiliación en seguridad social de los repartidores, sin destruir un modelo que genera oportunidades para tanta gente? Ya hay propuestas sobre la mesa. ¡Aceptemos el reto de pensar fuera de la caja!

Enlace Columna Completa – Noticias RCN

 

*El autor es el Director Ejecutivo de Alianza In.

Ir al contenido